La Cámara baja tiene previsto tratar una amplia agenda legislativa que incluye cambios en las normas de propiedad privada y desalojos, un nuevo régimen para el sistema de discapacidad, alternativas frente al endeudamiento familiar, la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y sanciones por vandalismo rural.

La Cámara de Diputados de la Nación celebrará una sesión especial con una agenda que abarca temas económicos, sociales, sanitarios y vinculados a la seguridad rural. Entre las iniciativas se destacan el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la reforma del sistema de discapacidad y propuestas para atender el endeudamiento de las familias.

El temario también contempla la creación de un sistema nacional de alerta y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, además de una iniciativa para incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal.

Inviolabilidad de la propiedad privada: cambios en expropiaciones y desalojos

Uno de los proyectos centrales busca modificar distintas normas vinculadas al derecho de propiedad, los procedimientos de expropiación y la restitución de inmuebles.

La iniciativa llega a Diputados con media sanción del Senado, luego de que durante su tratamiento se eliminaran algunos artículos del texto original, entre ellos los vinculados a la Ley de Manejo del Fuego y a la Ley de Tierras Rurales.

El debate incluye la posibilidad de establecer límites a las indemnizaciones por lucro cesante en procesos de expropiación, así como agilizar los procedimientos judiciales para recuperar propiedades ocupadas de manera irregular.

En materia de desalojos, el proyecto contempla que un juez pueda disponer la restitución inmediata de un inmueble a pedido del propietario, siempre que se acrediten documentalmente los derechos correspondientes.

Para los casos de mora en el pago del alquiler, se establece un plazo mínimo de 10 días para regularizar la deuda luego de la intimación correspondiente.

La propuesta también incorpora mecanismos de protección para situaciones de vulnerabilidad, especialmente cuando en el inmueble residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.

Otro punto contempla modificaciones a la denominada Ley Pierri, vinculada a la regularización dominial de viviendas, para facilitar el acceso a la escritura a quienes acrediten una posesión pacífica durante los 10 años anteriores.

Discapacidad: el oficialismo busca un régimen permanente

Otro de los temas centrales será el sistema de prestaciones y pensiones por discapacidad.

El oficialismo impulsa una iniciativa denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que busca establecer un régimen permanente en lugar de extender la emergencia vigente.

Entre los puntos contemplados figuran la compatibilidad entre determinadas pensiones por discapacidad y el empleo formal, la actualización de los aranceles de las prestaciones según la movilidad jubilatoria y la cobertura sanitaria a través del programa Incluir Salud para los beneficiarios alcanzados.

El proyecto también establece auditorías periódicas con intercambio de información entre organismos públicos y dispone que la asignación presupuestaria del área de Salud no sea inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

Además, incorpora un cronograma para el pago de compensaciones adeudadas a prestadores, cuya reglamentación deberá concretarse dentro de los 30 días previstos en la iniciativa.

Desde la oposición, en cambio, promueven extender la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Sus referentes advierten sobre las pensiones pendientes de resolución, las deudas con prestadores y los requisitos que podría establecer el nuevo régimen para acceder a los beneficios.

Endeudamiento familiar: dos propuestas en discusión

La agenda legislativa incluye también iniciativas para atender el crecimiento de las deudas de los hogares y mejorar la protección de los consumidores financieros.

El proyecto respaldado por el oficialismo, el PRO y la UCR apunta a fortalecer la transparencia crediticia, garantizar información detallada sobre los préstamos, facilitar la precancelación de obligaciones y permitir el acceso gratuito al perfil de riesgo de cada usuario.

La propuesta pone el foco en la información sobre los costos y las condiciones de los créditos, aunque no establece tasas máximas ni un régimen general de refinanciación para deudores en situación crítica.

Por su parte, los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica impulsan un régimen de emergencia y alivio financiero por 180 días.

Esa iniciativa propone refinanciar deudas en al menos 12 cuotas para personas con atrasos superiores a 60 días, dentro de determinados límites de ingresos y montos adeudados. También establece que las cuotas no superen el 30% de los ingresos del deudor y plantea la condonación total de los intereses punitorios.

Las diferencias entre ambos proyectos estarán centradas en el alcance de la intervención estatal, las condiciones de refinanciación y las medidas para aliviar la situación de las familias endeudadas.

Trazabilidad de medicamentos tras la crisis del fentanilo

En materia sanitaria, Diputados tratará una iniciativa para crear el Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud, destinado a mejorar el control de medicamentos de alto riesgo.

El proyecto surge a partir de las recomendaciones posteriores a la crisis del fentanilo contaminado detectada en 2025, que provocó muertes y graves consecuencias sanitarias.

La propuesta establece la trazabilidad obligatoria y digital de determinados medicamentos inyectables y sus materias primas, desde la importación y producción hasta la distribución y administración al paciente.

También contempla la notificación inmediata de eventos adversos graves y sospechas de contaminación, con comunicación a las autoridades sanitarias nacionales y provinciales.

El sistema prevé un mecanismo de alerta que permita bloquear preventivamente lotes sospechosos en un plazo máximo de seis horas, además de establecer sanciones por falsificación u omisión de información y por incumplir las medidas de inmovilización.

La iniciativa cuenta con un dictamen unificado firmado por unanimidad, según los antecedentes del debate legislativo.

Vandalismo rural: proponen penas de hasta ocho años de prisión

El temario se completa con un proyecto impulsado por el PRO que busca incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal.

La propuesta contempla penas de prisión de uno a doce meses para quienes ingresen a establecimientos rurales contra la voluntad de sus propietarios o de quienes tengan derecho a excluirlos.

En los casos de destrucción o daños al ciclo productivo, las materias primas, la infraestructura agropecuaria o los cultivos, se prevén penas de dos a ocho años de prisión y multas de hasta 12 veces el valor del daño.

La iniciativa cuenta con el respaldo del oficialismo, la UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales, de acuerdo con el texto presentado.

Una sesión con impacto económico y social

La agenda reúne proyectos con diferencias importantes entre el oficialismo y la oposición, especialmente en materia de discapacidad, endeudamiento y alcance de la intervención estatal.

El resultado del debate definirá cuáles de estas iniciativas avanzan en el Congreso y qué modificaciones se introducen en las normas vinculadas a la propiedad privada, la protección social, la salud y la producción agropecuaria.