El Gobierno nacional anunció la creación de un nuevo cargo fijo en las facturas de electricidad para financiar una obra de transporte eléctrico clave: el proyecto AMBA I. Esta iniciativa, que busca reforzar la red de alta tensión en la zona de mayor consumo del país, demandará una inversión de aproximadamente 1.100 millones de dólares y sería costeada directamente por los usuarios a través de un incremento en sus facturas de entre el 1% y el 3%.

El proyecto AMBA I contempla la construcción de una línea de alta tensión de 500 kilovoltios que conectará las localidades de Plomer y Vivoratá, en la provincia de Buenos Aires. La obra es considerada prioritaria para evitar colapsos de tensión en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra el 40% de la demanda eléctrica nacional.

Inicialmente, la financiación de este plan estaba prevista a través de un acuerdo con entidades financieras chinas, como el Bank of China y el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC). Sin embargo, dicho financiamiento no se concretó, y ahora el Gobierno evalúa trasladar el costo a los usuarios mediante este nuevo cargo fijo en las boletas de luz.

La implementación de esta medida generó diversas opiniones. Algunos sectores señalan que, aunque el objetivo sea garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, se trataría de una carga adicional para los usuarios, quienes deberán financiar una obra que en principio se pensaba costear con capitales internacionales. Además, remarcan que esta decisión se da en un contexto donde el Ejecutivo sostiene su intención de reducir la obra pública y promover la inversión privada.

Desde la Secretaría de Energía argumentan que el proyecto beneficiará a todos los usuarios del país, ya que permitirá incorporar generación eficiente al sistema y mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico. También estiman que, con la recaudación de este cargo fijo, las obras podrían comenzar en menos de un año y estar totalmente financiadas en un plazo de tres años.

En resumen, el proyecto AMBA I representa una inversión significativa en infraestructura energética con impacto nacional. Sin embargo, la posibilidad de que se financie a través de un nuevo cargo en las facturas despierta debate sobre la equidad del esfuerzo, en un contexto de fuerte presión económica sobre los hogares.