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El Gobierno presionó a las prepagas para frenar aumentos previstos en mayo

En un giro inesperado y en clara contradicción con su discurso de defensa del libre mercado, el Gobierno nacional presionó a las empresas de medicina prepaga para que moderen los aumentos en las cuotas previstas para el mes de mayo.

La reunión, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Salud de la Nación, fue encabezada por altos funcionarios de la cartera y representantes de las principales empresas de medicina privada del país.

Participaron de la reunión la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano; el jefe de Gabinete, Roberto Olivieri; el gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud, Claudio Stivelman; y el gerente de Sistema, Juan José Picón. Del otro lado de la mesa, estuvieron los representantes de compañías como OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medicus, Sancor Salud, Hospital Italiano, Accord Salud, Omint y Hominis.

¿Qué discutieron?

El principal foco de tensión fueron los aumentos informados por las prepagas, que anticipaban subas de entre 3,5% y 3,9% para el mes de mayo. Los funcionarios cuestionaron el criterio utilizado para calcular esos incrementos, advirtiendo que no debería incluirse en el índice de actualización rubros ajenos al sector salud, como vestimenta o educación.

Desde el Gobierno señalaron que, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de salud, la suba correspondiente debería rondar el 1,8%, muy por debajo de lo anunciado por las empresas.

Compromiso de reducir el ajuste

Bajo fuerte presión oficial, las prepagas se habrían comprometido a rever los aumentos y reducir el ajuste a un máximo del 2,5%. Próximamente, las compañías comunicarán las correcciones a sus afiliados.

Impacto en el sistema

Aunque los representantes del sector destacaron la estabilidad cambiaria como un factor positivo, también advirtieron que los aumentos en medicamentos, alimentos y tarifas de servicios públicos podrían impactar directamente en los costos de las prestaciones médicas.

La situación generó fuertes críticas, ya que el accionar del Gobierno remite a viejas prácticas de presión estatal que parecían superadas. Varios analistas lo definieron como un “mercadocidio”, en contraste con el discurso liberal que promueve el presidente Javier Milei.