El Gobierno Nacional renovó por tres meses los contratos de unos 40.000 empleados públicos que no forman parte de la planta permanente estatal. Esta medida, que afecta a aquellos trabajadores contratados bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, busca definir qué porción de estos empleados continuará en su puesto y cuáles serán desvinculados. A pesar de que sus contratos vencían el 31 de diciembre de 2024, se firmaron prórrogas hasta fines de marzo de 2025, mientras se aguarda la realización de una evaluación de idoneidad.

Los empleados contratados deberán rendir una Evaluación General de Conocimientos y Competencias, que abarca tres áreas: comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública. Aquellos que aprueben el examen y cuenten con la consideración de sus superiores como empleados necesarios para el área, continuarán en sus funciones a partir de marzo. De los 14.000 trabajadores que ya rindieron la prueba, el 95% aprobó satisfactoriamente. El gobierno anticipó que esta será la última prórroga, ya que el examen de idoneidad se impondrá como requisito para quienes aspiren a ingresar al sector público en el futuro.

Por otro lado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que, en realidad, son más de 55.000 los empleados afectados por la medida, incluyendo a monotributistas y empleados de entidades como la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), cuyo convenio será rescindido. Además, se han reportado despidos en distintas dependencias como el Ministerio de Justicia y Parques Nacionales, mientras que en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, 87 empleados recibieron un mensaje de WhatsApp comunicándoles su desvinculación.