El anuncio del Gobierno nacional de eliminar los aranceles a la importación de teléfonos celulares generó una fuerte reacción en Tierra del Fuego, donde se concentra la producción nacional de estos dispositivos. Aunque la medida aún no fue oficializada por decreto, ya provocó incertidumbre en el sector y alarma en la dirigencia política y empresarial fueguina.

El gobernador Gustavo Melella fue uno de los primeros en expresarse y calificó la decisión como “un golpe muy duro para la industria fueguina”. Aseguró que la medida responde a un pedido del FMI y que pone en riesgo empleos, inversión y desarrollo tecnológico. “Vamos a redoblar esfuerzos en defensa de nuestra industria”, sostuvo. La senadora Cristina López y el senador radical Pablo Blanco también rechazaron la decisión, advirtiendo sobre sus consecuencias sociales y económicas.

Desde el Gobierno nacional, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió vía redes sociales y vinculó las críticas a una pérdida de privilegios: “Al kirchnerismo se le terminan los privilegios y por eso están nerviosos. No hay nada que temer. Señores, la libertad avanza”, escribió en X, profundizando el cruce político.

El régimen de promoción fueguino, que tiene más de 50 años de vigencia y fue prorrogado hasta 2053, permite producir en la isla con beneficios impositivos. Según estimaciones, el costo fiscal de este esquema supera los 1.000 millones de dólares por año. La medida del Gobierno pone en duda su continuidad, al reducir de manera directa su competitividad.

Consultoras y analistas advierten que producir en Tierra del Fuego sin aranceles ya no es viable. “El costo logístico y operativo de fabricar en la isla pasa a ser insostenible sin esa protección”, explicó Dante Sica, exministro de Producción. Desde algunas empresas del rubro aseguran que “hay cautela”, y que todavía están “haciendo cuentas” para ver cómo afectará el nuevo escenario.

Mientras algunas marcas plantean que seguirán apostando por la producción local si sigue siendo conveniente, otras firmas importadoras celebraron la baja de aranceles y destacaron que podría generar mejores precios para los consumidores. El panorama todavía es incierto, pero la polémica ya está instalada.