Las entidades, dependientes del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cuneo Libarona, brindaban atención legal primaria gratuita a personas vulnerables. 

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Justicia justificó que el cierre de los CAJ se debe a que «brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias». La cartera de justicia apuntó que «el Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones» y aseguraron que el gasto de funcionamiento «le costaban a los argentinos más de $8 mil millones por año».

De 110 quedarán 24 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país. El Gobierno anunció este lunes el cierre de 81 cierre de ellos, que se suman a los cinco que ya habían bajado la persiana y dejan entrever la ola de despidos que se viene. Si en los CAJ trabajaban 500 personas, entre administrativos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales, el abrupto cierre de estas 81 oficinas promete sumar centenares de estatales a los 120 despidos registrados en el área hasta la fecha.

Jennifer Carrera, coordinadora de Centros de Acceso a la Justicia de la Región Patagónica, dialogó con LU19AM690.