La iniciativa busca establecer un régimen permanente de protección social y mantener derechos vinculados a las pensiones, el trabajo formal, las prestaciones y la cobertura de salud. El acuerdo reunió al oficialismo, Unión por la Patria y bloques dialoguistas, tras una serie de modificaciones negociadas durante el debate.

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción este jueves 22 de octubre al proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. Ahora, la iniciativa será tratada por el Senado.

La aprobación fue posible luego de un acuerdo entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y distintos bloques dialoguistas, a partir de modificaciones impulsadas durante las negociaciones parlamentarias y encabezadas, entre otros, por el diputado Oscar Herrera Ahuad, del bloque Argentina Federal.

El proyecto retoma gran parte de las medidas contempladas en la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, pero propone dejar atrás el carácter transitorio de la emergencia para establecer un marco de protección permanente.

Qué establece el proyecto

Uno de los puntos centrales es la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad y el trabajo registrado o el monotributo, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. La iniciativa contempla una prestación equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, de acuerdo con las condiciones previstas en el texto.

Además, mantiene el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización periódica de sus aranceles mediante el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución de los precios.

En materia sanitaria, garantiza la cobertura básica del programa federal Incluir Salud para las personas alcanzadas por la normativa. Durante el debate también se destacó la incorporación de titulares de pensiones por invalidez laboral entre quienes podrán acceder a esa cobertura.

Otro de los cambios acordados es la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el cobro de asignaciones familiares.

Financiamiento, auditorías y deudas con prestadores

El texto incorpora garantías presupuestarias para sostener el sistema. Entre ellas, establece que la asignación destinada al área de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.

También crea un esquema de auditorías periódicas que permitirá cruzar información de organismos como ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. Estos controles deberán respetar el debido proceso y las garantías de las personas beneficiarias.

En relación con las pensiones observadas por posibles inconsistencias, durante el debate se destacó la incorporación de un plazo de 160 días para que los titulares puedan presentar sus descargos antes de una eventual suspensión del beneficio.

Por otra parte, se incorporó una cláusula para avanzar con el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores de servicios para personas con discapacidad. El texto establece un plazo para reglamentar el cronograma de pagos, con el objetivo de dar respuesta a las deudas acumuladas.

El acuerdo político y las posiciones de los bloques

El oficialismo defendió la iniciativa como una alternativa para reemplazar las prórrogas de emergencia por reglas permanentes. El diputado Gerardo Huesen sostuvo durante el debate que las personas con discapacidad necesitan previsibilidad y que sus derechos no deben depender de decisiones políticas transitorias.

Desde Unión por la Patria, Juan Marino confirmó el acompañamiento al dictamen tras las conversaciones con organizaciones del sector. Explicó que el bloque consideró que no contaba con los votos suficientes para extender la emergencia hasta fines de 2027 y que decidió negociar modificaciones para evitar retrocesos en los derechos vigentes.

Victoria Tolosa Paz, por su parte, destacó la incorporación de garantías vinculadas a la cobertura de salud y a las asignaciones familiares. Germán Martínez también valoró el acuerdo parlamentario, aunque señaló que todavía quedan cuestiones por resolver, especialmente en materia presupuestaria y de cumplimiento efectivo de la normativa.

No todos los sectores acompañaron la propuesta. La diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá cuestionó el acuerdo y anticipó que su bancada no respaldaría el dictamen. Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, también rechazó el proyecto y reclamó que la discusión regresara a comisiones, con mayor participación de las organizaciones de personas con discapacidad.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, apoyó el texto modificado, pero expresó desconfianza respecto del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno.

La implementación, el principal desafío

Durante el debate, legisladores de distintos bloques señalaron que la aprobación de una norma no garantiza por sí sola que las prestaciones, las pensiones y las coberturas se cumplan efectivamente.

Desde la oposición se advirtió sobre las demoras en la tramitación de pensiones, las dificultades económicas de los prestadores y la necesidad de asegurar recursos suficientes para sostener los servicios.

Con la media sanción de Diputados, el proyecto continuará su recorrido legislativo en el Senado. Allí se definirá si el nuevo régimen se convierte en ley y establece un marco permanente de protección social para las personas con discapacidad, sus familias y quienes brindan servicios de atención y rehabilitación.